LEY ORGáNICA 1/2004 «L.I.V.G.»: CRóNICA DE UN FRACASO

Soy de los que piensan que las mejores leyes son las que otorgan derechos sin imponer obligaciones –ejemplo: la Ley del Divorcio, que permite divorciarse pero, obviamente, no obliga a divorciarse. O más recientemente, la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, en virtud de la cual dos personas del mismo sexo se pueden casar, pero no impone la obligación de que dos personas del mismo sexo se casen–.

Por contra, las peores leyes son las que quitan derechos y discriminan a las personas, siendo el ejemplo paradigmático de este tipo de ley la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género  –en lo sucesivo LIVG–, una ley de autor que discrimina al hombre por el mero hecho de serlo y le priva de derechos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia.

Lo cierto es que en ningún país del mundo occidental existe una legislación comparable a la LIVG, salvo en algunos países hispanoamericanos que, equivocadamente, nos están imitando.

La LIVG se aprobó el día 28 de diciembre de 2003 –una auténtica inocentada–, entrando en vigor a los treinta días de su publicación en el BOE –29 de diciembre de 2003–, es decir, el día 28 de enero de 2004, por lo que ya se han cumplido 10 años de su entrada en vigor.

¿Cuál es el balance de estos 10 años de aplicación de la LIVG? En mi opinión ha sido un fracaso. Veamos por qué digo esto, destacando 4 puntos que desarrollaremos a lo largo del presente artículo:

1.- La LIVG no ha conseguido proteger a las mujeres maltratadas «de verdad».

2.- La aplicación indiscriminada de la LIVG está «matando» a hombres inocentes.

3.- La LIVG es una de las pocas leyes que ha conseguido crear toda una industria a su alrededor, ya que en torno a la mal llamada «violencia de género» se ha creado un «negocio» al que se destinan cantidades millonarias, que en un alto porcentaje no van a parar a las verdaderas víctimas.

4.- La LIVG ha conseguido que se implante en la sociedad la cultura de la «falsa denuncia».

En primer lugar «La LIVG no ha conseguido proteger a las mujeres maltratadas «de verdad»». Sí, sí, como lo leen, mujeres maltratadas «de verdad», ya que ni todas las que denuncian son mujeres maltratadas, ni todas las mujeres maltratadas denuncian.

Para hacer esta afirmación basta con ver los datos facilitados por el «Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad». En el año 2004, cuando entró en vigor esta ley, murieron en España 72 mujeres y en el año 2013 –uno de los años con menos muertes– murieron 48. Pero hay años, como el 2008 y 2010, en los que se superó la cifra de 72 mujeres fallecidas.

De las mujeres que, año tras año, han muerto en España –según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad–, más del 60 % aproximadamente no había denunciado nunca. Esto viene a confirmar que muchas mujeres realmente maltratadas no denuncian, porque, entre otras cosas, la mujer maltratada «de verdad» tiene pánico a su agresor, y dar el paso a denunciarlo es una decisión que muchas, incluso, se niegan a tomar por miedo a las consecuencias que ello pueda tener.

Podemos afirmar que, desgraciadamente, el único objetivo «declarado» de la LIVG «disminuir el número de muertes de mujeres a manos de su pareja o ex pareja» no ha sido conseguido.

Es más, tengo el convencimiento de que la LIVG solo «genera» violencia, por lo que, lamentablemente, seguirán muriendo mujeres a manos de sus parejas o ex parejas.

Es triste decirlo pero, se ha forzado y se ha violentado tanto la LIVG que ha perdido la esencia de lo que se buscaba con su implantación. ¿Por qué digo que se ha forzado y violentado tanto? Porque resulta algo paradójico que una inmensa mayoría de las denuncias formuladas se produzcan en el seno de una ruptura matrimonial. Es obvio que muchas rupturas son traumáticas pero, de ahí a denunciar, como se hace, solo para intentar sacar provecho de ciertas facilidades que esta ley otorga a las mujeres, hay un trecho.

Otro efecto perverso de la LIVG –segundo de este artículo– es que la LIVG no solamente no ha conseguido su único objetivo declarado, es decir, disminuir el número de muertes de mujeres a manos de su pareja o ex pareja, sino que además, su aplicación indiscriminada está «matando» a hombres inocentes.

Para hacer esta afirmación, al igual que en el caso anterior, basta remitirse a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística –en lo sucesivo INE–. En el año 2004 en España se suicidaron 1.665 hombres. A partir del 2007 –3 años después de entrar en vigor la LIVG– la cifra se disparó, manteniéndose estable por encima de los 2.500 suicidios masculinos anuales, llegando a 2.724 en el año 2012 –último año del que disponemos datos del INE–. No somos tan ilusos de presuponer que el único motivo de suicidio masculino es esta ley, pero es muy significativo su aumento con la entrada en vigor de la misma, ¿no les parece?

Por si alguien se pregunta, ¿cuántas mujeres se suicidan en España?, les diré que, aproximadamente, de cada 10 suicidios, tres son de mujeres, el resto de hombres. Según los datos facilitados por el INE, en el año 2004 en España se suicidaron 604 mujeres, mientras que en el año 2012 -último año del que disponemos datos- se alcanzó la cifra de 815 mujeres.

Y seguro que hay quien se preguntará, ¿cómo es posible que la aplicación de una ley «mate» a hombres? Pues sí. Lo cierto es que los medios de comunicación silencian estas muertes, pero las muertes de hombres víctimas de denuncias falsas y de la aplicación de tan injusta ley existen, aunque sea una realidad casi invisible para la mayoría de los ciudadanos, porque, como he dicho, los medios de comunicación silencian esta realidad que a muchos no conviene que se conozca.

Llama la atención ver cómo, cuando una persona se suicida porque la iban a desahuciar, se convierte en noticia que abre informativos y, sin embargo, cuando un padre se suicida porque ha sido víctima de esta lacra social de las denuncias falsas, el tratamiento informativo es radicalmente diferente. Es penoso, pero si no fuera por las redes sociales, ni tan siquiera nos enteraríamos de estas muertes.

Uno de los últimos casos fue el de Carlos, fallecido pasado año 2014. Si tuve conocimiento de su muerte no es gracias a los medios de comunicación, sino a las redes sociales.

Carlos, antes de divorciarse, vivía con su mujer y su hija –menor de edad– en una vivienda propiedad de sus padres, sita en Puerto de Sagunto (Valencia). Al divorciarse, la guarda y custodia fue atribuida a la madre y, en consecuencia, el uso del que había sido el domicilio conyugal también –que, como se ha dicho, era de los padres de Carlos–. A Carlos le concedieron lo que se conoce como un régimen de visitas «amplio», es decir, fines de semana alternos y dos tardes entre semana.

Después de divorciarse, su ex mujer denunció a Carlos, porque según parece este le dijo «mamarracha, vete a robar a tu pueblo, aprende de mi familia» o «eres una mamarracha que te lo has quedado todo» –según las personas próximas a él, nunca hubo ninguna agresión física ni amenaza hacia su ex mujer–. Estas palabras, en ambos casos, pueden ser desafortunadas y reprochables pero, en mi opinión, en modo alguno pueden considerarse un delito y bajo ningún pretexto pueden dar lugar a las consecuencias que tales expresiones tuvieron para Carlos.

Por aplicación del protocolo de actuación previsto para los casos de violencia de género, Carlos fue detenido, pasando una noche en calabozos y posteriormente puesto a disposición judicial –primera consecuencia–. La segunda fue que se le impuso una medida de alejamiento, y la tercera, –en mi opinión, seguramente la que más daño le hizo de todas–, se le redujo el régimen de visitas del que disfrutaba.

¿Creen ustedes que estas medidas son proporcionales a la conducta llevada a cabo por Carlos? Yo pienso que no. Tales expresiones, como mucho, pueden ser constitutivas de un delito leve, pero nunca pueden ser constitutivas de delito dando lugar a tan desproporcionada sanción.

Como se ha expuesto, Carlos vivía en Puerto de Sagunto (Valencia), por lo que al tratarse de una localidad pequeña no es difícil que dos personas coincidan. Y así fue. Después de dictarse la medida de alejamiento, Carlos y su ex tuvieron dos encuentros fortuitos, el primero de ellos en un kiosco. Ambos encuentros dieron lugar a sendas denuncias por quebrantamiento de la medida de alejamiento, razón por la que Carlos tenía que enfrentarse en fecha próxima a juicio por tales denuncias, siendo más que previsible su condena y entrada en prisión.

Consecuencia de todo ello, Carlos no solo perdió su casa y vio cómo día a día se reducía el tiempo que podía compartir con su hija, sino que cayó en una depresión, perdió su trabajo y, al final, tomó una mala decisión, se suicidó.

Un día antes de su suicidio, Carlos escribía en su muro de Facebook «Seguir luchando, para que esta llamada livg termine, no es fácil el camino a recorrer cuanta gente sufriendo, para beneficio de muchos corruptos, políticos, jueces. fiscales, abogados. Asociaciones etc. algún día pagaran por ello. NO A LA LEY DE VIOLENCIA DEGENERADA……..».

Quizás uno de los mayores «delitos» que cometió Carlos fue pedir la custodia compartida, es decir, querer estar más con su hija –según los que los conocían, la niña lo adoraba–.

Siento decirlo, pero creo que Carlos no es un «mártir», es más, pienso que su última decisión fue equivocada, debería haber pensado más en su hija y luchar. Pero sí es un ejemplo de lo que está pasando en este país con tantos y tantos hombres víctimas de la aplicación indiscriminada de la LIVG.

Sorprendentemente, su caso ha pasado desapercibido para los medios de comunicación. Hubo un periódico digital, de Puerto de Sagunto, que se hizo eco de tal noticia, concretamente «eleconomico.es». Sin embargo, al día siguiente la noticia desapareció y en su lugar colgaron otra desdiciéndose de lo dicho y arremetiendo contra Carlos. Asimismo en Youtube se colgó un vídeo hecho por algunos amigos de Carlos, vídeo que también desapareció rápidamente. De hecho, cuando se introducía el enlace, en su lugar aparecía el siguiente mensaje «Este vídeo se ha eliminado debido a una infracción de la política de YouTube relacionada con la prohibición de contenido creado con fines de acoso, intimidación o amenazas».

En cualquier caso, quiero dejar constancia aquí de que para la elaboración de este artículo no he contactado con la ex mujer de Carlos, pero si desea hacer llegar su versión de los hechos, la publicaré en este mismo espacio.

El tercero de los efectos perversos de la LIVG es que, en torno a la mal llamada «violencia de género», se ha creado un «negocio» al que se destinan cantidades millonarias que, en un alto porcentaje, no van a parar a las verdaderas víctimas.

Lo cierto es que impresiona ver las cifras de las que estamos hablando y, lo más grave, escandaliza ver adónde van a parar.

El 26 de Julio de 2013 el Gobierno aprobó mediante acuerdo del Consejo de Ministros la «Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013–2016», elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo presupuesto total asciende a 1.558.611.634 €.

Y ustedes, al igual que yo, se preguntarán, ¿dónde va a parar ese dinero? Pues miren, directa o indirectamente, en buena medida va a parar a partidos políticos, sindicatos y asociaciones feministas, a las víctimas no llega más del 5 %.

Por ejemplo, D.ª Elena Valenciano –candidata del PSOE en las últimas elecciones europeas– preside la fundación «Mujeres». Pues bien, desde el año 2004 hasta el año 2011 esa fundación recibió la nada despreciable cifra de casi 15.000.000 € y si se les ocurre preguntarse, ¿qué hace esta fundación con ese dinero? La respuesta es que, por ejemplo, hace cosas tan «imprescindibles» como «revisar la lengua española con criterios feministas» –sin comentarios–.

Otro ejemplo es el de la conocida «Asociación de Mujeres Juristas Themis» a la que en el año 2012 le fue concedida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad –BOE n.º 46, de fecha 22 de febrero de 2013, pág. 15.172- 58.950 €, de los cuales, 7.999 € eran para «Democracia paritaria. Mantenimiento y desarrollo de la página web» y 13.956 € para la «Revista Jurídica de Igualdad de Género». Todo lo cual, no me cabe ninguna duda, es de especial interés para las mujeres maltratadas «de verdad» y contribuye enormemente a la erradicación de este problema.

En el artículo «Hombres maltratados, una realidad silenciada», publicado en este mismo espacio virtual, se enumeraban un total de 12 organismos diferentes para atender y apoyar a las mujeres en la Comunidad Autónoma de Aragón. Organismos todos ellos que viven de las asignaciones estatales, autonómicas y municipales que, para el mantenimiento de los mismos, se destinan y en los que, muchas veces, se coloca a dedo a todo tipo de profesionales –psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etc.– cuyo «único mérito» es estar afiliado a un partido o sindicato, o simplemente ser amigo de…, ya que a estos organismos no se suele acceder por oposición o concurso de méritos.

Pero es más, en lugar de unificar para que haya una mayor coordinación y reducción del gasto, esos organismos, institutos…, crecen en número día a día, siendo lo más curioso que, muchas veces, se duplican las funciones o directamente compiten entre ellos.

Al igual que con los suicidios de hombres víctimas de la LIVG impera la «ley del silencio», en relación con las ayudas que se reciben para luchar contra la mal llamada «violencia de género», también. Por ejemplo, según una ponencia presentada en la Universidad Autónoma de Barcelona, España recibe de la UE 3.200 € por cada denuncia que se presenta por violencia de género, independientemente de que acabe con una sentencia condenatoria o no, e incluso aunque sea falsa.

En relación con esta ayuda de la UE por denuncia, desde la Secretaría de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se dice que se desconoce. Aunque sí reconocen recibir 10.000.000 € de fondos europeos, de los que un millón (el 10%) se dedica a la prevención de la violencia de género.

Pero es más, tal y como se han organizado las cosas en torno a la LIVG, todo incita a denunciar. Porque al final todo son ventajas. Una mujer inmigrante que no tenga residencia legal en España, si pone una denuncia puede regularizar su situación. Una mujer que cuente con pocos recursos y ponga una denuncia, puede obtener la Renta Activa de Inserción –renta de 426 € mensuales durante once meses que cobra independientemente de que la denuncia termine con sentencia condenatoria o no y que, aunque la denuncia sea falsa, no tiene que devolver–. Y así un largo rosario de ayudas que nos llevan directamente al cuarto efecto perverso de la LIVG, LA PROLIFERACIÓN DE LAS DENUNCIAS FALSAS, habiéndose conseguido en 10 años que se implante en la sociedad la cultura de la «falsa denuncia».

Sin ir más lejos, hace pocos días, en mi despacho, he tenido que oír cómo una clienta me decía que «Mis amigas me han aconsejado que ponga una denuncia falsa a mi ex». Al fin y al cabo se ha extendido –siendo lamentablemente cierto–, que, presentando una denuncia falsa, puedes conseguir mejores condiciones en el divorcio.

Ya hace tiempo, en este mismo espacio virtual, publicamos el artículo «Las denuncias falsas existen» en el que se denunciaba con ejemplos concretos esta realidad y cómo las mujeres que las ponen se suelen ir de «rositas», porque quienes debieran perseguirlas no lo hacen, cuestión esta a la que también nos referimos en el artículo «Señorías, abran los ojos y sean valientes».

Lo cierto es que hay quienes, a día de hoy, todavía se niegan a reconocer la existencia de denuncias falsas, pero cuando hay Juzgados de Violencia sobre la Mujer que archivan más del 50 % de las denuncias que se presentan, por algo será…

Asimismo, posiblemente con la finalidad de manipular y maquillar la información, muchas de las estadísticas que se hacen toman como datos el número de juicios celebrados por «violencia de género» y las sentencias condenatorias, cuando lo lógico sería tomar el número de denuncias presentadas y cuántas de ellas terminan en juicio con sentencia condenatoria.

La realidad es que, mientras la violencia de género sea un «negocio» y no se aplique la ley de forma contundente a los que hacen un uso abusivo de la LIVG, las cosas no van a cambiar. Pero la pregunta es, ¿les interesa que cambien las cosas a los que viven de la LIVG? Personalmente pienso que no. Son muchos los intereses creados en torno a la LIVG y muchos más los «estómagos agradecidos».

Ni negamos ni ponemos en duda que en España la  violencia sobre la mujer existe –y sobre el hombre también–, es cierto que es una lacra de la que no se escapa país alguno y que debe ser erradicada por todos los medios, pero también es cierto que la LIVG está bastante lejos de conseguirlo.

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Para más información:

Alertadigital.com

Lainformación.com

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