LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS COLEGIOS

El día 22 de septiembre de 2013 encontraban muerta en una pista forestal próxima a Santiago de Compostela a la menor Asunta Basterra Porto, de tan solo 12 años de edad.

Dos años después ha comenzado el juicio oral por tales hechos, en el que se juzga a los progenitores de la menor –Alfonso Basterra y Rosario Porto-, acusados del asesinato de su hija.

Obviamente no he tenido acceso al sumario, por lo que mi conocimiento del caso es el mismo que pueda tener cualquier ciudadano que lo haya seguido a través de la prensa.

Tengo que reconocer que ya, de entrada, es un caso que impresiona. La conducta de estos progenitores, para mí, es indefendible –personalmente soy consciente de que todo el mundo tiene derecho a una defensa y, desde aquí, quiero mostrar mi respeto a los compañeros que están llevando a cabo esa labor, pero yo no defendería a estos señores–.

Son muchos los detalles de este caso que llaman la atención, pero me voy a centrar solamente en uno.

Según se hicieron eco varios medios de comunicación, dos profesoras de música de Asunta relataron a los agentes de la Policía Judicial una estremecedora historia. Ocurrió el 16 de julio cuando Alfonso Basterra –su padre adoptivo– llegó con la niña a las clases de música que recibía como hacía cada día. Al entrar en el recinto las profesoras se dieron cuenta de que Asunta apenas podía andar, no era capaz de hablar bien y se le cerraban los párpados. «Tenía la voz pastosa, como si estuviera drogada», relataron las educadoras musicales de la pequeña. Tal era su estado, que decidieron acostarla en una habitación anexa a las aulas.

Allí, cuando recuperó la conciencia, le preguntaron qué le había pasado y Asunta les contó que su madre le había dado un montón de pastillas y que, dicen algunas fuentes, les habló de que temía que la fueran a matar. Las profesoras se alertaron pero no le dieron importancia.

Es más, según se publicó en distintos medios, en el sumario se recoge que una de las profesoras declaró en el juzgado que la niña le había dicho que sus padres «la estaban engañando» y que su madre le había dado «unos polvos blancos» que la tuvieron «dos días dormida». Esta profesora declaró ante el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Santiago de Compostela que el 16 de julio, tras preguntarle qué le pasaba «Me dijo que no sabía qué le ocurría y que la estaban engañando».

Lo que llama la atención es que, ante unos hechos tan «extraños», las profesoras no le dieran importancia, no hicieran nada por ayudar a esta niña o indagaran por lo menos para ver qué estaba pasando. Lo cual, a mi juicio, es muestra de una actuación total y absolutamente irresponsable.

Sinceramente, no pido heroicidades, basta con que ante hechos de esta naturaleza quien se percata de que algo anómalo está ocurriendo, se asegure y realice una simple llamada de teléfono a la Policía, a Fiscalía de menores, a Servicios Sociales, etc. Pero lo que no me parece de recibo es que unas profesoras vean a una menor en ese estado –«Tenía la voz pastosa, como si estuviera drogada»–, la niña les manifieste que «temía que sus padres la fueran a matar», que sus padres «la estaban engañando» y que su madre le había dado «unos polvos blancos» que la tuvieron «dos días dormida», y la reacción de ellas sea «no darle importancia», es decir, la indiferencia, mirar hacia otro lado o simplemente pasar del tema para evitar complicaciones, cosa que, en mi opinión, repito, es una irresponsabilidad.

Aunque ya sirve de poco para esta niña, creo que si estas profesoras hubieran dado la voz de alarma, probablemente Asunta estaría viva. Al fin y al cabo no creo que todos los días un alumno o alumna diga a sus profesores que teme que «sus padres la fueran a matar», lo que ya de por sí es motivo más que suficiente para dar cuenta a quien proceda, más aún, si como se ha expuesto, tales manifestaciones vienen acompañadas de signos externos tan llamativos como los que presentaba la menor.

Conductas como las de estas docentes pienso que deberían estar penalizadas. De hecho no solo se delinque por acción, sino también por omisión. Así, nuestro Código Penal contempla figuras tales como el delito de omisión del deber de socorro –artículo 195– o el de omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución –artículo 450–, por lo que me sorprende que no se les haya imputado a dichas profesoras ninguno de estos delitos. De cualquier forma, la duda de si en el caso de haber dado la voz de alarma Asunta estaría viva es algo que les acompañará el resto de sus vidas, y quizás les atormentará.

Sin irnos a casos tan extremos como el que les acabo de comentar, nos encontramos con una realidad más cercana en la que parece haber un denominador común: la indiferencia, el mirar hacia otro lado o, simplemente, pasar del tema, siendo esta forma de actuar, a la larga, una irresponsabilidad, sobre todo por las consecuencias que puede tener.

Si descontamos las horas de sueño, nos daremos cuenta de que, durante los nueve meses de curso escolar, nuestros hijos donde más tiempo están es en el colegio, de forma tal que los profesores y profesoras que los atienden son testigos privilegiados de su día a día y, en consecuencia, de su evolución, pudiendo aportar una información muy valiosa en los procedimientos que se siguen en los Juzgados de Familia.

Pero una cosa es PODER y otra cosa es QUERER. Lamentablemente, los colegios en general y los docentes en particular –muchos docentes me consta que actúan siguiendo órdenes de la dirección– no quieren «líos», no quieren implicarse, mojarse, y en la mayoría de los casos miran hacia otro lado cuando se les necesita.

Esta actitud no es exclusiva de un tipo de centro educativo, la he comprobado en todo tipo de centros, tanto privados como públicos o concertados.

Como siempre hago, a continuación compartiré con ustedes unos casos reales, ya que la realidad siempre es la gran maestra, la que más nos enseña sobre las miserias y virtudes del género humano.

En el año 2012 los profesores de una niña de 4 años, cuyos padres estaban divorciados, llamaron al padre –cliente mío– porque apreciaban en la menor una serie de cosas que les llamaban la atención y les preocupaban –por respeto a la intimidad de la menor disculpen que no entre en detalles–. Es más, fue el propio personal docente el que sugirió a mi cliente que hablara con la orientadora del colegio –que también es psicóloga– para comentar el caso.

Tanto la tutora de la menor como la orientadora del centro veían que había determinados comportamientos en la madre que no parecían correctos y que además afectaban negativamente a la menor, poniendo en peligro su salud, física y psicológica. La situación era tal que ambas profesionales se mostraron preocupadas e incluso con muy buena predisposición para ayudar en la medida de sus posibilidades.

Consecuencia de todo ello –y de otras circunstancias que no viene al caso exponer–, el padre presentó una demanda de Modificación de Medidas en la que solicitaba la guarda y custodia exclusiva de la hija. Obviamente, a la vista de lo expuesto se solicitó a través del Juzgado que se requiriera al colegio donde cursaba estudios la menor «para que por la psicóloga del mismo se informe al Juzgado sobre la situación escolar y personal en la que se encuentra la niña…».

Pues bien, cuando llegó al Juzgado el informe emitido por el colegio, nos encontramos con lo siguiente: la psicóloga en cuestión informó que –en resumidas cuentas– la niña «se muestra contenta en el colegio. Acude con puntualidad al Centro, y cumple con todas las normas de este, uso de la bata, el uniforme correcto», es decir, cuando les tocó decir por escrito lo que previamente habían dicho al padre se «lavaron las manos» –no sabemos si por orden de la dirección–, lo cual, a mi juicio, además de resultar lamentable, es una irresponsabilidad, ya que con su actitud de «lavarse las manos» dejaron a una menor en una situación de riesgo o, cuando menos, en una situación en la que no debería estar.

Más recientemente me encontré con otro caso en el que, ante unos hechos extremadamente graves, la directora del centro le dijo a mi cliente –también varón– que «Nosotros lo que queremos es que el menor sea feliz en el centro, de puertas para afuera no queremos saber nada». Esto, venga de quien venga, resulta penoso, pero es más incomprensible si tenemos en cuenta que quien dijo esas palabras es una directora de un centro religioso concertado y, a mi juicio, su actuación no me parece muy cristiana, ya que, ante el sufrimiento de un menor, nunca se puede mirar hacia otro lado; pero allá cada uno con su conciencia.

En la enseñanza pública la situación tampoco cambia. En un caso de un padre víctima de dos denuncias falsas –de las cuales fue absuelto, de forma que no hay duda de su inocencia–, el director del colegio –público en este caso– le dijo: «Estamos contigo, nos solidarizamos contigo, pero no queremos saber nada de vuestros problemas». Más clarito no se puede decir.

Realmente, en situaciones extremas no se trata de solidarizarse ni de decir palabras que al final se demuestran vacías de contenido, se trata de actuar y, lo que es más importante, actuar en «Interés del Menor». Mirando hacia otro lado o lavándose las manos no se protege al menor, más bien todo lo contrario. Una actitud responsable implica dar cuenta a la autoridad cuando se aprecia que algo anormal está pasando, así como informar fielmente a los juzgados cuando recaban información, cosa que, por desgracia, no sucede habitualmente.

Es evidente que, pase lo que pase, los colegios se lavan las manos y poca colaboración se puede esperar de ellos. Menos todavía si el que la pide es un hombre, ya que como he escuchado alguna vez, «Menudo escándalo se montaría si las madres de los alumnos del colegio se enterasen que hemos apoyado a un padre para quitarle la custodia a una madre». De esta forma, una vez más se «discrimina» al hombre por el mero hecho de ser hombre ya que, cuando quien pide la colaboración del centro es una mujer, se suele encontrar mejor disposición por parte del colegio.

Como ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior sirva el caso de un padre al que, como se ha expuesto anteriormente, por parte de la directora del colegio -religioso concertado- se le dijo que «Nosotros lo que queremos es que el menor sea feliz en el centro, de puertas para afuera no queremos saber nada». Sin embargo, cuando a instancia del Juzgado pidieron información al colegio, «arrimaron el ascua» descaradamente hacia la madre, llegando incluso a mentir y a imputar al padre hechos que no eran ciertos –lo cual resulta más deplorable si tenemos en cuenta que se trata, como se ha dicho, de un colegio religioso concertado, donde la mentira tendría que estar proscrita, mientras que la verdad y la defensa del menor debería ser bandera–.

En estos casos, la cultura de lo políticamente correcto en la que vivimos hace que los colegios en general se «laven las manos», cosa que, a mi juicio, no deja de ser una total y absoluta irresponsabilidad. Sin embargo, soy de los que piensan que, ante determinadas realidades, ni se puede ni se debe ser políticamente correcto. Porque en ese caso en lo que nos convertimos es en cómplices o en encubridores, y muchas veces lo que hace un docente o un centro con su silencio es permitir que un menor permanezca sometido a situaciones por las que nunca debería pasar –véase el caso de Asunta con el que empezábamos–.

Por último, me gustaría hacer referencia a una situación recurrente que me plantean muchos padres divorciados que no tienen la custodia de sus hijos –sobre todo me lo consultan bastantes personas a través de las redes sociales–, y es que en muchos colegios al progenitor no custodio no se le facilita la misma información que al custodio o, dicho de forma más clara, se le ningunea, no se le recibe en tutoría cuando lo solicita, etc.

Asimismo, como muchas de las comunicaciones se hacen por medio de la agenda escolar, el padre o madre que no tiene la custodia y solo ve a sus hijos fines de semana alternos y algún día entre semana –ya no digo nada de los que tienen el régimen de visitas más restringido– termina por no enterarse de nada en lo referente a la educación y evolución académica de sus hijos.

Pues bien, independientemente de que se tenga la custodia o no, todo padre y madre tiene derecho a ser informado de la evolución escolar y demás circunstancias que rodean a sus hijos, y el centro escolar o, más concretamente, los profesores o tutores tienen la obligación de informar y recibir en tutoría tanto al progenitor custodio como al que no lo es, siempre que lo solicite –obviamente, tampoco hay que abusar–.

Llegados a este punto, más de uno se preguntará, ¿qué hago si pido tutoría y no me hacen caso?  ¿Y si en el colegio no me proporcionan información sobre mis hijos? Mi consejo, en ambos casos, siempre es el mismo: primero, al comienzo de curso hay que informar al tutor o tutora de la situación –por ejemplo: «los padres estamos divorciados»– y solicitar que, aunque no tengas la custodia, se te informe igual que al progenitor que la tiene. Si aun así no te reciben en tutoría, no te proporcionan información, etc., el segundo paso es pedirlo por escrito dirigido a la dirección del colegio, llevando una copia para que te la sellen en el centro –esto en el 99 % de los casos es efectivo–. Y, si finalmente no rectifican la actitud, entonces no queda más remedio que ponerlo en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación, Consejería de Educación u Organismo correspondiente –sinceramente, no conozco ningún caso en el que se haya tenido que llegar a esto porque, al fin y al cabo, en los colegios también saben cuáles son sus obligaciones–.

El título de este artículo es «La IRRESPONSABILIDAD de los colegios» porque conductas como las que se han descrito son total y absolutamente irresponsables, insensatas, no sé a quién benefician, pero tengo claro a quién perjudican, sin lugar a dudas a los menores.

Si en los colegios no se actuara de esta forma, sería muy útil en todo procedimiento de familia recabar un informe del centro para poder valorar el estado y evolución de los menores. Evidentemente, como todos sabemos que los colegios se lavan las manos, no se pide ya que nada aporta al procedimiento, por eso se prescinde de ellos, dejando así todo el peso del asunto en el Gabinete Psicosocial y en los distintos peritos que intervienen que, como se expuso en el artículo «Peritos mentirosos, un mal a erradicar de los Juzgados de Familia», a veces perjudican más que benefician.

Llegados a este punto sería deseable que, al igual que tienen que cambiar muchas cosas en la jurisdicción de familia –actitudes y aptitudes–, cambiaran también en los colegios. Que se puedan cambiar las cosas y que en los Juzgados de Familia realmente se haga justicia en «Interés del Menor» es tarea de TODOS, incluidos los colegios –en los que nuestros hijos pasan la mayor parte de su tiempo–. No nos parece tolerable ni responsable que la actitud que en este artículo hemos denunciado se mantenga ni un minuto más. Es mucho lo que nos va en ello…