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Cuando yo era pequeño, si le contaba a mi madre que un profesor me había reñido o dado un cachete, lo primero que hacía era preguntarme: «¿Qué has hecho?».
Hoy en día las cosas han cambiado –a peor– y los casos de insultos y acoso a profesores por parte de los padres de sus alumnos se están disparando. Obviamente, se ha perdido el respeto por la figura del profesor, lo que está teniendo como consecuencia un aumento de la conflictividad en las aulas, hasta el punto que los conflictos ya han llegado a infantil y primaria.
Como muestra de esta realidad, el caso de una madre de Zaragoza que el pasado día 21 de marzo de 2013, acudió al CEIP Bilingüe Tenerías donde cursan estudios sus hijos y exigió a gritos ver a la directora y a varios profesores.
Al parecer, había entendido mal un aviso de la trabajadora social de la escuela, en el que le decía que sus hijos llegaban tarde a clase con frecuencia y se dormían durante las lecciones, y creía que podía llegar a perder la custodia de sus hijos.
Cuando intentaba subir a la primera planta del centro en dirección al aula de uno de sus hijos, salieron a su encuentro el conserje, el jefe de estudios y la directora. Fue entonces cuando la condenada cogió del pelo a la directora, le dio una bofetada y la tiró al suelo.
La responsable del centro escolar fue a curarse de sus heridas a un centro de salud y denunció la agresión ante la policía. Además, solicitó una orden de alejamiento ante el temor de que la mujer pudiera volver al centro para pegarle de nuevo. La atacante fue detenida tras la agresión, pero quedó en libertad a la espera de juicio.
Por tales hechos esta mujer ha sido condenada –con su conformidad– por la comisión de un delito de atentado contra la autoridad y tres faltas de lesiones, maltrato y daños, a la pena de dos años de cárcel y tres años y medio de alejamiento, consecuencia de lo cual, pese a que sus hijos siguen estudiando en el CEIP Bilingüe Tenerías, no podrá acercarse ni al centro, ni a la directora del mismo, durante tres años y seis meses.
Esta es una sentencia novedosa ya que es la primera sobre un caso de agresión grave en un centro escolar tras la entrada en vigor de la Ley 8/2012, de 13 de diciembre, de Autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Esta ley considera a los profesores autoridad pública, e incluso otorga a los docentes presunción de veracidad, como a los policías. La normativa prevé que, ante un conflicto surgido durante el ejercicio de su profesión –sea dentro o fuera del centro–, la palabra del profesor prevalece sobre la del alumno o la de los padres, salvo que estos últimos aporten pruebas que la contradigan, del mismo modo que ocurre con las declaraciones de los policías.
La normativa hace responsables civiles a los padres de los desperfectos ocasionados por sus hijos y obliga a los centros a redactar un plan de convivencia.
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Más información en:
Ley 8/2012, de 13 de diciembre, de Autoridad del Profesorado en la CCAA de Aragón
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