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Lo que hoy comento en este espacio no es propiamente una noticia, aunque bien podría serlo.
Vaya por delante que este «post» no es un ataque a los docentes, hacia quienes, como padre, quiero manifestar mi respeto y agradecimiento más sincero, sino hacia las Administraciones que permiten que menores de edad estén en manos de delincuentes.
Este año 2015 el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convocó oposiciones al «Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional», celebrándose las pruebas en las primeras semanas de este verano.
Al ver la lista de admitidos en dichas pruebas –opositores– he podido comprobar que en ellas ha participado una «vieja conocida» de este despacho, una persona con una preocupante trayectoria delictiva –condenada por dos delitos de lesiones en el ámbito familiar, un delito de estafa y una falta de injurias– y algún que otro desajuste psicológico –baste decir que en un procedimiento de familia ante jueces y peritos se presentó como Licenciada y Doctora en Derecho cuando nunca en su vida ha cursado tales estudios–.
Examinada la convocatoria, con gran sorpresa por mi parte, he podido comprobar que entre los requisitos no se pide carecer de antecedentes penales o someterse a algún tipo de prueba psicotécnica; por lo tanto «cualquiera» puede acabar dando clases a nuestros hijos.
Y yo me pregunto, ¿qué valores puede transmitir un delincuente a nuestros hijos? ¿Cómo es posible que la Administración no exija a los candidatos a ocupar una plaza en la enseñanza pública –la que pagamos con nuestros impuestos– sus antecedentes penales?
Cuando yo me colegié como abogado tuve que presentar mis antecedentes penales –si hubiera tenido antecedentes no me habría podido colegiar–, requisito indispensable que se sigue exigiendo a día de hoy a los nuevos colegiados. Sin embargo, para dar clase a menores, ¡cualquiera vale!
Consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en los próximos meses se va a constituir un «Registro central de delincuentes sexuales», en el que se incluirán las condenas por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y que servirá para acreditar la inhabilitación para el desempeño de profesiones y actividades relacionadas con menores.
El objetivo de dicho «Registro» es que antes de emplear a una persona en una labor relacionada con niños, la institución, entidad, el particular o la administración contratante compruebe si el candidato tiene antecedentes penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, la trata de seres humanos o la explotación de menores.
Todo esto está muy bien, pero me parece insuficiente, ya que no es de recibo que maltratadores y maltratadoras condenados por sentencia firme, estafadores e incluso asesinos, puedan ocupar plazas docentes y tener bajo su responsabilidad a menores. Viendo hechos como este a nadie debe sorprender que muchas veces pase lo que pasa.
Nuestra Administración, tan exigente para unas cosas no debiera ser tan «tolerante» cuando lo que está en juego son nuestros hijos.
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